No es otro que horadar las instituciones, su debilitamiento, todo lo que contribuye a su deslegitimación social. Y en eso estamos. La calidad de una democracia, la solvencia económica y la reputación exterior de un país pasan por la fortaleza y la estabilidad de su tejido institucional, con el deseable corolario de seguridad jurídica. Fortaleza y estabilidad institucional: condición necesaria para el progreso duradero, para el despliegue de potencias creativas en las sociedades abiertas, el mejor lubricante de inversiones y proyectos empresariales. Por eso las últimas semanas están dando motivo para tocar el timbre de alarma. En dos frentes lo sucedido es altamente significativo: en el del poder judicial, una de las patas que sostienen toda la arquitectura del Estado, y en el de la Monarquía, su clave de bóveda en la Constitución de 1978. La simultaneidad de los acontecimientos aporta un plus de relevancia.

Nada que no se sepa…