La responsabilidad democrática de los sindicatos ante la decisión de la convocatoria de una Huelga General es en estos momentos un tema debatido.

Si por un lado el motivo principal de la convocatoria es la reforma laboral y la rebaja de las indemnizaciones por despido, en su justa media no hay más facilidad para despedir y no existe una rebaja generalizada de las indemnizaciones,  la reforma dura del despido en cuanto a dejarlo sin causa ya se hizo en la anterior reforma, que para nosotros fue más dura. La reforma laboral ya esta aprobada y en vigor Ley 35/2010,de 17 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo.

Si el motivo secundario es otro, como es el viraje de la política económica del gobierno, esto es algo más delicado. Los trabajadores en paro son más de 4.6 millones más del 20% de la EPA según los datos oficiales, son un segmento por el cual se deben de preocupar las políticas laborales, el gobierno ante una recesión como esta debe realizar un plan de ajuste, por una razón muy sencilla, los recursos públicos son insuficientes para hacer frente a las necesidades sociales. El problema de la financiación exige serias condiciones que imponen los mercados, porque estamos en una economía de mercado y además esta globalizado, hay que salir de la crisis y tomando las medidas de ajuste que sean necesarias aunque duela.
Según una encuesta manejada por la consultora Baker & McKenzie sólo entre el 9% y el 13% de los trabajadores tiene pensada secundar la huelga. No se espera que la huelga provoque la paralización generalizada de actividades en España, según el periódico cinco días, pero podrían para una ciudad por la fuerza, los ciudadanos les pasarán factura y los sindicatos saldrán perjudicados.
La convocatoria es para 18,5 millones de ocupados, y en España existe una tasa de sindicación media por debajo de la Europea que es del 25,1% según los informes oficiales de la Comisión Europea. Con estos datos parece que quien va a secundar la huelga es el trabajador sindicado. Si la HG tuviese éxito no va a servir para variar la política económica del gobierno. Pero si fracasa, debería servir para que los sindicatos se replantearan que les lleva a defender el empleo fijo y con derechos elevados de indemnización por despido, lo cual perjudica al acceso al empleo de los más jóvenes.